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No se confundan, prevenir los delitos le toca a los alcaldes primero; Acapulco debe cumplir.

En el combate contra la violencia en el estado, los ayuntamientos deben ser, por ley, la primera línea de defensa ciudadana, ya que deben ser las policías PREVENTIVAS municipales las que vigilen, patrullen e impidan en lo posible que se cometan delitos, una responsabilidad que se le ha olvidado a la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, que se ha desentendido de las operaciones policiacas, e incluso ha omitido el nombramiento de un secretario de Seguridad Pública, como le ha tenido que recordar el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Sobre el tema se ha desatado sobre todo en redes sociales de internet una serie de reproches contra los diversos niveles de gobierno por los problemas de inseguridad que se viven en Acapulco, pero olvidando dos factores importantes: que el principal responsable de la seguridad en el puerto es el ayuntamiento a través de su policía municipal; y que la principal labor de contención de la delincuencia y de lucha contra el crimen organizado la están llevando a cabo las fuerzas federales y estatales.

Esto es así porque durante los tres años del gobierno de Evodio Velázquez Aguirre, los elementos municipales NO cumplieron con esa labor, dado que

como comprobó la Marina al intervenir hace un mes a la corporación municipal estaban infiltrados y de hecho varios de sus mandos y agentes trabajaban para bandas del crimen organizado. Una situación que tiene que cambiar con la investigación hecha por la Marina, y por la llegada del nuevo gobierno municipal que se comprometió a mejorar la seguridad.

Lo malo es que a casi un mes de haber asumido el cargo, la alcaldesa Adela Román ha dejado los problemas de la inseguridad en manos de las fuerzas federales y del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien la ha apoyado para cubrir las deficiencias del ayuntamiento, pero también le ha urgido a hacerse cargo de la responsabilidad que le toca.

Sin embargo, ante las protestas ciudadanas, la señora presidenta no ha abordado en los hechos el problema, y ha preferido sumarse a alguna marcha y ofrecer garantías con meros discursos de que se protegerá a las mujeres, sin comprometerse a definir qué hará para depurar y certificar a sus policías, ni qué hará con los elementos reprobados, ni sobre presupuestos o estrategias ni ha requerido al presidente electo, de su mismo partido alguna fuerza especial para fortalecer el combate a la delincuencia… y aún no decide quién será el responsable policiaco de su administración municipal. Mal comienzo…

La FGE está cumpliendo su papel: perseguir los delitos…

En ese marco, debe separarse también el papel que cumple la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que sus policías ministeriales tienen la responsabilidad de detener a los criminales por los delitos que hayan cometido, y sus investigadores aportar las pruebas para su condena, por lo que su función NO es preventiva ni de seguridad propiamente dicha.

Desde la llegada del fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila, hemos destacado en este espacio las decenas de aprehensiones que su personal ha realizado, disminuyendo la incidencia de delitos como el secuestro, y aportando pruebas para condenas de hasta 50 y 80 años para casos de homicidios y secuestros.

En el caso de Acapulco, la FGE logró la detención de los tres responsables de la ejecución de la doctora Reyna Valenzo Pérez, quienes ya fueron vinculados a proceso y por lo tanto hay elementos para que el juez les imponga una larga condena; lo mismo que esclareció el asesinato de la maestra Itzel Vega Radilla, crímenes que tanto conmovieron a la sociedad acapulqueña y del estado.

Actualmente, el personal de la FGE investiga los casos de otras desapariciones de mujeres, con lo que hace apenas unos días localizó en coordinación con elementos de la Gendarmería a la joven Lesli “N”, reportada como desaparecida. E investiga el infausto homicidio del ingeniero Gabriel Soriano, locutor del organismo Radio y Televisión de Guerrero, tiroteado la noche del miércoles en Acapulco.

De manera que, más allá de los reproches, debe reconocerse la labor de la FGE, de las fuerzas federales y estatales en el combate al crimen y a la impunidad, rubros en los que está cumpliendo el gobierno de Héctor Astudillo Flores…

Aprueban diputados mayores penas por extorsión…

En el Congreso local, los diputados también están haciendo su parte en la lucha por mejorar la seguridad pública en el estado, de tal forma que la Comisión de Justicia que preside el priista Omar Flores Majul aprobó ya un dictamen que reforma diversas leyes para elevar la pena por el delito de extorsión de los 5 a los 25 años de cárcel, recomendando que la pena máxima se aplique a quienes extorsionen a empresarios, comerciantes o maestros, y sobre todo si es para provecho de alguna banda criminal.

Actualmente la extorsión no es considerada delito grave y se castiga con una sentencia de 5 a 15 años de cárcel y una multa de 250 a mil salarios mínimos. Y de aprobarse en el pleno el dictamen, subirá a una pena de 15 a 25 años de cárcel y una multa equivalente a mil salarios mínimos. Con lo que sólo falta que los diputados federales también dictaminen sobre este delito, y se declare como grave, para que los culpables no obtengan fianza y alcancen largas condenas, alentando así la denuncia de un crimen que muchas veces desemboca en el asesinato de las víctimas…

Correo electrónico: rendon59@gmail.com

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